Colonias del Siglo XXI, pueblos sin derechos
| 04 Diciembre 2009
Así mismo, es continua la vulneración que se producen de los derechos humanos de estos pueblos, sometidos a la explotación y represión de las potencias ocupantes. Y ¡ojo! que no lo digo yo, que la declaración conocida informalmente como Carta de la descolonización (ya mencionada anteriormente) declara textualmente que “La sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una negación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundiales”.
Por otro lado, es indignante que la mayor parte de la comunidad internacional, ya sea por intereses políticos o por connivencia con esta situación, sigan permitiendo esta situación claramente injusta de fragrante violación de los derechos más fundamentales de los ciudadanos de estas colonias. ¿Qué ha sido de la aplicación del Art. 73 de la Carta de Naciones Unidas?, que recordemos obliga a las potencias que “asuman la responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio” a “a desarrollar el gobierno propio, a tener debidamente en cuenta las aspiraciones políticas de los pueblos, y a ayudarlos en el desenvolvimiento progresivo de sus libres instituciones políticas, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada territorio, de sus pueblos y de sus distintos grados de adelanto”.
Por último, me gustaría hacer un llamamiento tanto a los gobiernos como a toda la ciudadanía internacional. Si, han oído bien, he dicho ciudadanos, ¿responsabilidad a nosotros por que? se preguntaran. Es obvia la parte que toca al gobierno, que esta permitiendo esta situación y se aprovecha de ella, como es el caso del ejecutivo español que firma tratados de explotación de los recursos naturales del Sahara con Marruecos (prohibido expresamente por la resolución 1803 (XVII), de 14 de diciembre de 1962, que contiene la Declaración sobre la soberanía permanente sobre los recursos naturales, que afirma "el derecho de los pueblos y de las naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales), y los ciudadanos, que viendo esta situación no se movilizan en masa para pedir el posicionamiento en contra a los responsables políticos de turnos (dispuestos por ellos electoralmente) y la toma inmediata de medidas al respecto.












