Últimamente venimos asistiendo a una gran confusión sobre cambios en la Ley de Extranjería, proceso de normalización, reglamento de la Ley de Extranjería, etc. Esta gran confusión existente es derivada de la ineficacia de los sucesivos gobiernos en materia de inmigración y las distintas reformas de la Ley de Extranjería que han ido promoviendo; una inestabilidad administrativa que sólo hace más compleja y difícil la integración social y laboral de los inmigrantes.
Recordemos que desde la Ley orgánica 4/2000 (11 de Enero de 2000) se han sucedido tres reformas legislativas diferentes; reformas que consistían en un endurecimiento progresivo de las mismas y la pérdida de derechos fundamentales para los inmigrantes. Este carácter represivo de las leyes y el camino político hacia el control de fronteras ha llevado a que los niveles de inmigración clandestina (inmigrantes irregulares) en España sea de los más altos de Europa con más de un millón de personas. A estas de les aboga irremediablemente a la marginalidad y a la explotación laboral siendo la única salida los trabajos en economía sumergida.
Hay que tener en cuenta que la ley en vigor es la 14/2003, la Ley más represiva de todas y consensuada en su momento entre PP y PSOE al margen de todos los colectivos sociales. Esta Ley fue la que endureció la reagrupación familiar; no reconocen a las personas que están en situación irregular negándoles derechos fundamentales como el de asociación, reunión, manifestación y huelga; permite mecanismos de control extraordinarios como el acceso policial del padrón municipal; etc.
En este sentido desde la UJCE denunciamos que pese a la confusión que ha creado el Gobierno del PSOE, éste ha mantenido la Ley retrógrada y represiva que se aprobó en el gobierno de Áznar. Así, lo que ha entrado en vigor es un nuevo reglamento por el que se rige esta Ley, ya que el que se venía utilizando pertenecía a la Ley anterior. Sin duda, y pese a los timidísimos avances que supone este nuevo reglamento, el Gobierno a perdido la oportunidad de derrocar una Ley que satisface más a la extrema derecha que buscar la verdadera integración y la posibilidad de buscar una vida digna de los inmigrantes. Es decir, el carácter de este reglamento es totalmente continuista de las leyes anteriores y el proceso de normalización que conlleva viene motivado, no por la buena intención de integrar social y laboralmente a las personas que llegan, sino por el fracaso que han supuesto las diferentes reformas en materia de inmigración para ordenar y frenar los flujos migratorios por una parte, y los altos niveles de trabajadores y trabajadores que se encuentran en situación irregular en nuestro país por otra. Igualmente se sigue reflejando en este nuevo reglamento como los inmigrantes son considerados como mano de obra y como la inmigración sólo debe satisfacer a la necesidad del mercado laboral; y en consecuencia, ha sido negociado con patronal y sindicatos mayoritarios y no con colectivos sociales (especialmente de inmigrantes y el resto de fuerzas políticas).
Con respecto a las condiciones que se han puesto para acogerse al proceso de normalización debemos decir que son en muchos de los casos imposibles de cumplir estimándose que de más del millón de personas que se encuentran en situación irregular sólo podrán “beneficiarse” unas 200.000 personas. En primer lugar, se le exige al inmigrante que acredite su estancia en España de un periodo mínimo de seis meses y con la única fuente verificable del cerificado de empadronamiento. Resulta totalmente paradójica esta condición puesto que: en muchos Ayuntamientos (especialmente en aquellos donde gobierna el PP se les niega el empadronamiento), la Ley de Extranjería permite a la policía acceder al padrón municipal y muchos de ellos por encontrarse en situación irregular y sin empleo se ven obligados a cambiar de residencia con frecuencia (especialmente lo que acceden a trabajos de temporada). En segundo lugar, se tiene que certificar que el inmigrante posea un contrato de trabajo dejando a merced del empresario que este contrato se produzca y por tanto la oportunidad de ser regularizado. Además, ello conlleva por ejemplo a dejar fuera a las trabajadoras y trabajadores autónomos. En tercer lugar, son numerosos los trámites burocráticos que deben ser superados, entre ellos el certificar que carecen de antecedentes penales tanto de sus países de origen como de aquellos donde hubieran permanecido. Esto puede suponer en numerosas ocasiones, y puesto que el periodo especial de normalización sólo esta estipulado con la duración de tres meses (desde el 7 de febrero al 7 de Mayo), que muchos inmigrantes no sean regularizados porque no obtengan en ese plazo su certificado. Por otra parte, Desde la Administración española son insuficientes los medios humanos que se han puesto para la buena aplicación y funcionamiento de este proceso de normalización.
En definitiva, que bajo el carácter continuista de las políticas de inmigración anteriores que suponen el control de fronteras y la represión por encima de la integración, nunca podrá derivarse ni reglamentos ni procesos de normalización que supongan medidas satisfactorias para el pleno derecho de las trabajadoras y trabajadores inmigrantes. Estamos seguros, que una vez más como viene ocurriendo desde el 2000, se evidenciará la ineficacia de estas políticas y que la única solución posible es el derrocamiento de esta Ley por otra que suponga el reconocimiento de derechos en igualdad de condiciones de las personas que vienen en busca de una vida más digna.
La Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE) es una organización política juvenil de clase, democrática, laica, revolucionaria, republicana que lucha por los intereses de la clase obrera y su juventud, formada por l@s jóvenes comunistas del Estado español.
